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Manuel Flores Méndez · Abogado (Laboral y S.S). 14 Mar '18 · 3 minutos ¿Qué activos respaldan a las pensiones públicas? El ahorro responsable como factor decisivo
    La Seguridad Social española aplica el método de reparto: año a año, el gasto en pensiones se intenta cubrir con los pagos realizados a lo largo del ejercicio por trabajadores y empresas. Aunque concurren otros factores polémicos, esa regla constituye una de las principales razones de quienes denuncian la inviabilidad del modelo (considerando que se le aboca a depender de las oscilaciones demográficas en una época de marcado envejecimiento poblacional). Como alternativa surge la capitalización: aportaciones periódicas de cada trabajador a un fondo común, de manera que —una vez llegado el momento de cobrar— el partícipe recupera las cuotas satisfechas, más un incremento por encontrarse el fondo materializado en activos rentables. 

    Se viene insistiendo en la necesidad de incluir, como mínimo, rasgos de capitalización en los sistemas de Seguridad Social de reparto para afrontar su progresivo deterioro en economías con una elevada media de edad. En el año 2000 la idea se puso práctica en España con un Fondo de Reserva, dotado con excedentes del presupuesto de la propia Seguridad Social, a modo de garantía frente a futuras desviaciones de la correlación ingresos-gastos. Poco más de una década después, la popularmente denominada “hucha de las pensiones” reunía casi 67.000.000.000 € (en torno a un 6% del P.I.B.); potencial suficiente para plantear hasta qué punto podían replicarse casos de éxito como el del famoso Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega: hoy en día con más de un billón de dólares en activos bajo gestión en todo el mundo, superando la renta variable el 65% del total. 

    Aun en su mejor momento, las características concretas del Fondo de Reserva español seguramente hubieran desaconsejado la mera copia de un esquema como el noruego. Pero quizás sí hubiera resultado oportuno explorar vías de apertura hacia la antes mencionada renta variable, por tratarse de una fórmula de inversión que permite: 
  1. Acceder a los mayores yacimientos conocidos de valor a largo plazo.
  2. En el supuesto de adquisición acciones (activo de renta variable por excelencia), alinear los intereses de pensionistas y compañías creadoras de riqueza, contribuyendo a la cohesión social.
  3. Sentar bases de cara a una progresiva sustitución completa del método de reparto por el de capitalización (deseable no sólo debido a las razones demográficas antes señaladas, sino también a fin de incorporar mayores dosis de respeto a la libertad individual, aunque no profundicemos ahora en esa cuestión).

    Sin embargo, los mandatos rectores del Fondo evolucionaron justo en un sentido opuesto. Ante los problemas para colocar emisiones de la deuda estatal de España tras el estallido de la crisis, se tomó la decisión de concentrar todos los recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en la compra masiva de dicha deuda pública española —no es que antes se hubiera llegado a admitir la inversión en activos reales, pero al menos sí en deuda pública extranjera como la alemana o la francesa—.

    En un primer momento, la “hucha de las pensiones” logró resultados favorables a razón del alto interés de la deuda española durante la crisis soberana (un alto interés debido, eso sí, a la extrema desconfianza reinante en los mercados acerca del cumplimiento de las promesas de pago de esa deuda). Pero las rentabilidades se desplomaron con la compra de títulos emprendida por el Banco Central Europeo. Desde entonces, muchos tramos de deuda pública presentan incluso tipos negativos. En tales ocasiones, el Estado cobra a cambio de entregar sus bonos, con lo que el Fondo de Reserva termina pagando por adquirir deuda “dopada” por el BCE. Por otra parte —pero de nuevo como consecuencia de medidas del BCE—, el Banco de España también cobra al Fondo por el depósito de restos de liquidez.

    Presenciamos, pues, un juego de humo y espejos. Tras la apariencia de que se invierte la “hucha de las pensiones” en activos cuya rentabilidad obra en favor de los cotizantes que aportaron al Fondo, en realidad se emplea el dinero ahorrado para sufragar los gastos generales del Estado vinculados a deuda.

    A mayores, frente a la fuerte caída de ingresos de la Seguridad Social provocada por los elevados índices de desempleo y la bajada de los salarios, fue preciso aplicar a partir de 2012 regímenes excepcionales para la disposición de recursos del Fondo. Ello, unido al anteriormente tratado desplome de la rentabilidad, acabó por vaciar la “hucha de las pensiones”. 

    Así pues, los pagos de la Seguridad Social vuelven a depender de un único soporte: las cotizaciones que paralelamente se ingresen. Y, como hemos visto, esta vía de financiación —aun presuponiendo eventuales mejoras de la economía nacional— no parece ser apta para responder al imparable embate demográfico. 

    Pues bien, los nuevos remedios para aliviar tensiones de tesorería en el pago de las pensiones que ya están aplicándose (solicitud de préstamos) o proponiéndose con mayor eco mediático (subida de impuestos) prescinden por completo de afianzar el sistema sobre activos con valor a salvo de intervenciones políticas —como las que terminaron con el Fondo de Reserva—. En definitiva, el ahorro personal y familiar planificado de forma responsable gana puntos como factor decisivo para asegurar condiciones estables de retiro a los jubilados de las próximas décadas. 




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