Es casi un tópico decir que el inversor odia la incertidumbre. Sin embargo, una reflexión un poco más profunda sobre dicha relación nos haría ver que, en realidad, no puede ser que el inversor odie la incertidumbre, pues es precisamente ésta la que permite al buen inversor la obtención de ganancias extraordinarias. En otras palabras, si no hubiera incertidumbre, todo el mundo sabría en qué invertir y todo el mundo obtendría la misma rentabilidad de su inversión, de conformidad con el principio de retornos uniformes.
Así pues, la incertidumbre, además de ser un hecho inevitable, no es tan mala para el inversor. Es más, me atrevería a decir que el inversor está especialmente preparado para tratar con la incertidumbre, pues toda su actividad mira al futuro, pues invertir no deja de ser una modalidad de emprendimiento.
Entonces, ¿Por qué tiene miedo el inversor a la incertidumbre? O, mejor dicho, ¿hay algún tipo de incertidumbre que sea especialmente temible para el inversor y que querría ver reducida?
Cuando uno se asoma a la prensa, cuando los inversores piden que se reduzca la incertidumbre, no se lo piden a los ciudadanos, no se lo piden a los mercados, no se lo piden a la madre naturaleza. No. Esas peticiones van siempre dirigidas al mismo destinatario: el Estado y su Gobierno.
Alguien dirá que, claro, a quién pedírselo si no. El Estado es la única entidad con poder suficiente para reducir la incertidumbre, ningún individuo o empresa puede hacerlo porque nadie conoce el futuro. Pero lo cierto es que el desconocimiento del futuro también aqueja al Estado, en general. Por tanto, no puede ser esa la razón.
Y, en efecto, no lo es. Quien contemple la actuación de los Estados en la presente crisis por la pandemia del COVID tendrá más claro la incertidumbre que puede o no reducir el Estado. Vivimos al día: cada semana, cada día casi, los distintos gobiernos toman decisiones cambiantes y decisivas sobre lo que podemos hacer los individuos, incluida la prohibición de libre circulación, algo supuestamente consagrado en todas las cartas de derechos humanos. Por tanto, se genera una incertidumbre brutal sobre todos los aspectos vitales, incluidos posibles compras o consumos.
El ejemplo del COVID es muy ilustrativo y de rabiosa actualidad, pero no es ni mucho menos el único. Por ejemplo, se puede mirar al ordenamiento fiscal, con la amenaza constante de creación de nuevos impuestos o cambios en las condiciones de los actuales; o se puede mirar a la normativa de consumo, a la que siempre se está planteando añadir nuevos derechos para el consumidor; o se puede mirar al sistema de pensiones, cuya viabilidad está sistemáticamente en duda, como lo están las condiciones en que cada uno de los cotizantes van a acceder a él.
Podría seguir. Se mire donde se mire, allá donde actúa el Estado aparecen considerables fuentes de incertidumbre, difícilmente controlables para el inversor normal. Y como en nuestros días prácticamente el Estado está en todos sitios, no hay sitio libre de esta incertidumbre que llamaremos “regulatoria”. Es más, se podría argumentar que el estallido en la valoración de las actividades relacionadas con Internet (los famosos GAFA-Google, Amazon, Facebook, Apple) es precisamente porque Internet es un lugar virgen de intervención estatal, por lo que el manejo de incertidumbre queda reducida a la que el inversor sabe llevar a cabo, la que tiene que ver con el mercado. Ya veremos cuánto dura esta situación de privilegio (1) amenazada ya en la Unión Europea y Estados Unidos.
En todo caso, es claro cuál es la principal fuente de la incertidumbre que preocupa a los inversores y por qué tiene lógica pedirle a los Estados, los causantes de la misma, que la reduzcan.
Aceptado el análisis anterior, solo queda preguntarse si es posible protegerse de esta incertidumbre. La respuesta es positiva, de momento. La solución es, por supuesto, la diversificación internacional. Hay muchas teorías sobre por qué las empresas siguen esta estrategia, normalmente relacionadas con las economías de escala, pero a mí me parece que, implícitamente, la que domina es reducir la dependencia de los caprichos de los Estados en que se está presente.
Y decía “de momento” porque también los Estados están el pelea de uniformar sus normas para evitar lo que ellos llaman arbitrajes (un ejemplo típico son los paraísos fiscales). Cualquier institución supranacional con vocación de intervenir en los mercados es por tanto una amenaza para esta posibilidad, ocupando un lugar destacado la Unión Europea.
Así pues, contra la incertidumbre regulatoria solo queda la versión inversora del viejo “votar con los pies”, esto es, diversificar internacionalmente. Y como para el votante que huye, lo mejor para el inversor son jurisdicciones nacionales tan reducidas como sea posible.
O que dejen de intervenir en los mercados, claro, pero esto suena a mucho pedir.
1 Paradójicamente, la situación de privilegio consiste en que están libres de regulación comparativamente con otros sectores. Como privilegio viene de “privilegium”, esto es, ley privada, que solo afecta a un grupo o individuo, lo paradójico es que están en situación mejor precisamente por no sufrir un privilegio. Ni que decir tiene que históricamente estas leyes privadas eran para beneficiar al sujeto de la misma. Cómo da vueltas la historia…
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